Principios
Como nación requerimos de una política de drogas que permita al país vivir en paz, situando a los seres humanos y al medio ambiente en el centro de las acciones del Estado.
La Política Nacional de Drogas 2023-2033 reconoce que el mercado de drogas es un problema transnacional.
Bajo el principio de responsabilidad compartida, todos los países deben abordar conjuntamente este flagelo, evitando que los costos recaigan principalmente en los productores y países de tránsito.
Se reconocerán las directrices internacionales sobre derechos humanos.
La contención de la expansión de los cultivos de uso ilícito requerirá de acciones de corresponsabilidad.
Objetivos
La reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para el 2026, lo que se traducirá en una disminución del 43% en la producción de cocaína, y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado.
Colombia busca cambiar hacia un paradigma centrado en la vida y el medio ambiente, priorizando la salud y el bienestar, sin descuidar la lucha contra el crimen.
Garantizar que los esfuerzos y los recursos del Estado y la cooperación internacional sean asignados de manera estratégica, eficaz y proporcional, atendiendo no solo las manifestaciones del narcotráfico, sino además sus causas estructurales.
Mitigar y corregir los impactos ambientales derivados de la economía de las drogas ilícitas y de las estrategias para enfrentar el narcotráfico.
Prevenir nuevas afectaciones ambientales por la economía ilegal de las drogas.
Promover la participación de las comunidades en los procesos de conservación, restauración y gestión ambiental.
Atención a la población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas.
Prevenir la vinculación de población vulnerable a las economías ilícitas relacionadas con drogas o evitar su reincidencia en caso de desvinculación.
Promover la salud integral e integrada y prevenir el consumo de sustancias Psicoactivas (SPA).
Garantizar el acceso a la detección, tratamiento y atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas.
Promover estrategias de reducción de los riesgos, daños y estigmas asociados al uso de sustancias psicoactivas.
Impulsar la inclusión, protección social y cuidado de las personas que usan drogas con enfoque territorial y comunitario.
Promover una comprensión informada sobre el fenómeno de las drogas.
Implementación
El Ministerio de Justicia y del Derecho dispondrá de las medidas necesarias para el respeto de la garantía de los derechos fundamentales establecidos en la normativa y jurisprudencia en materia de consulta previa.
Este proceso se desarrollará de conformidad con lo que se acuerde con las comunidades étnicas y la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa.
Las entidades públicas del nivel nacional, en concurrencia con las entidades territoriales establecerán proyectos estratégicos a nivel territorial, de regulación y actualización normativa, y realizarán la planeación técnica, administrativa y financiera que se requiera.
En concordancia con lo establecido en el punto 4.1.3.4 del Acuerdo Final de Paz, se reconocen las circunstancias de vulnerabilidad de las personas que han subsistido de los cultivos de uso ilícito y su baja influencia en el narcotráfico.
Se promoverá un tratamiento diferenciado que sea transitorio y condicionado en la vinculación a procesos de tránsito a economías lícitas.
Aplicación proporcional del derecho sancionatorio en personas y comunidades vulnerables de contextos urbanos
Pilar Oxígeno
Apoyar el tránsito integral hacia economías lícitas y la reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones (rurales y urbanas) que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas.
Transformar las condiciones económicas, sociales y culturales de los territorios afectados.
Implementar medidas de manejo ambiental y acción climática para la conservación y restauración de las zonas que, directa e indirectamente, han sido afectadas por la economía de las drogas ilícitas.
Abordar el consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y de derechos.
Pilar Asfixia
Afectar las capacidades y rentas de las organizaciones y nodos más fuertes del narcotráfico (el microtráfico), desde un enfoque sistémico, entendiendo su complejidad y su relación con otras economías ilegales.
Combatir la corrupción asociada a la implementación de esta política de drogas.
Afectación de la infraestructura destinada a la producción de drogas ilícitas de origen natural y sintéticas.
Control estratégico de insumos y precursores químicos utilizados para la producción de drogas de origen natural y sintético.
Fortalecimiento de la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre.
Persecución de las finanzas ilegales y lucha contra el lavado de activos.
Desarrollo de fuerzas de tarea de carácter internacional contra el crimen organizado.
Diálogos de paz y procesos de sometimiento como mecanismos para desescalar la violencia y desarticular organizaciones criminales vinculadas al mercado ilegal de drogas.
Desarrollar estrategias orientadas a afectar la interseccionalidad del tráfico ilícito de drogas con otras economías lícitas e ilícitas.
Ejes tejedores
Transformar narrativas estigmatizantes e implementar medidas de justicia social en favor de los grupos desproporcionalmente afectados por el narcotráfico.
Avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca.
Proteger las prácticas y saberes de las comunidades étnicas asociados a las plantas.
Impulsar la investigación de las propiedades y potencialidades de otras especies y sustancias.
Liderar una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las drogas.
Establecer un marco regulatorio aplicable al uso adulto del cannabis con enfoque de derechos humanos, salud pública, justicia social y ambiental.
Erradicación
De la reducción de 90.000 hectáreas para el año 2023, se erradicarán 69.000 voluntariamente y 23.000 hectáreas con cultivos de alto rendimiento industrial se eliminarán forzosamente.
Los y las cultivadoras se deben comprometer a no expandir las áreas sembradas.
El Estado, sin renunciar a su compromiso de combatir el narcotráfico, prioriza en estas áreas la modalidad de erradicación voluntaria, en el marco de procesos de desarrollo rural.
Las medidas diferenciales se aplican únicamente para lo que el Consejo Nacional de Estupefacientes defina como “cultivo de pequeño cultivador”.
Impacto
Se estima entre 55 y 86 billones de dólares en pérdidas para las finanzas ilícitas.
Esta política posibilitará que aproximadamente 50.000 familias, de las casi 115.000 que actualmente dependen de la coca de manera ilegal como su medio de sustento, puedan transitar hacia actividades económicas legales.
Reducción de 46 millones de kilogramos en las emisiones de CO2 asociados a la producción de cocaína.
Disminución del 3% de la deforestación anual, equivalente a 3.000 hectáreas de bosque/año.
Descenso en la contaminación por el uso de 37.640 litros de productos agroquímicos, 1.162 litros de fertilizantes y 55.342 litros de fungicidas asociados al cultivo y producción ilícita.
Las comunidades deberán iniciar el proceso de disminución progresiva de los cultivos de uso ilícito hasta llegar a su eliminación total.
Erradicación forzosa
Aplicará para:
Los cultivos que no se encuentren dentro de la categoría “pequeño cultivador”.
Los cultivadores que expandan su área.
Las áreas que sean sembradas después de la publicación de esta política (independientemente de su extensión).
Áreas que tengan infraestructura para la producción de base y clorhidrato de cocaína.
Cultivadores que incumplan compromisos de sustitución y otros mecanismos de tránsito a economías lícitas.
Construcción
El Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”
estableció en el artículo 193: “Formulación, adopción e implementación de la nueva Política Nacional de Drogas”, con una proyección a diez años de manera participativa e incluyente, con un enfoque de género, diferencial y territorial.
Por primera vez en la historia de Colombia, las comunidades afectadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas participaron en la creación de esta política nacional.
La construcción se dio de abajo hacia arriba, es decir, desde los saberes y vivencias de las personas de las zonas rurales y vulnerables que han sufrido los efectos de la guerra.
Se organizaron 27 espacios territoriales en 16 departamentos, cubriendo más de 150 municipios e involucrando a mujeres, jóvenes, pequeños cultivadores y consumidores.
Se desarrollaron 61 mesas técnicas interinstitucionales y sesiones con aliados estratégicos.
Se conformó la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento para la construcción de la política, la cual está compuesta por 11 entidades nacionales y voceros de 10 sectores de la sociedad civil.
Diagnóstico
El fenómeno de la coca en Colombia tiene dos características principales: la concentración y la persistencia.
El Observatorio de Drogas de Colombia estima que, en promedio, el gasto anual es de 3,8 billones de pesos (ODC, 2023).
En los últimos 20 años, el país ha hecho una inversión aproximada de 76 billones de pesos.
Si bien en el camino se han obtenido resultados, lo cierto es que no se han alcanzado los dos principales objetivos: reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas.
Pese a que entre 2012 y 2022 se erradicaron forzosamente 843.9056 hectáreas de coca, el área sembrada para este periodo se incrementó en un 327% (ODC, 2023).
En 2022, Colombia alcanzó las 230.000 hectáreas de coca y una producción potencial de 1.738 toneladas métricas de cocaína (UNODC – SIMCI, 2023).
En cuanto a la demanda de sustancias psicoactivas, también se observa en el país un incremento del 5,1% al 8,7% en el consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína) entre 1996 y 2019 (ODC, 2023).
Se observó un aumento de la conflictividad en los territorios, afectaciones a los derechos humanos y a la salud pública, especialmente de personas con mayores vulnerabilidades socioeconómicas.
Impactos negativos en el ambiente y el enriquecimiento de los grupos criminales vinculados al narcotráfico.
Los elevados precios de las drogas han generado un lucrativo y atractivo mercado negro, debido en parte a su estatus ilegal, su alta demanda y los bajos costos de producción.
En 2019 los recursos generados por el narcotráfico alcanzaron los 31.000 millones de pesos, equivalente al 2,9 % del PIB (Gobierno Nacional, CONPES 2021).
Cultivos ilícitos
De los 1.122 municipios del país, solo 185 tienen cultivos de coca.
Los municipios productores de coca tienen un nivel de pobreza mayor que la media nacional, con bajos ingresos fiscales, limitada conectividad y ausencia de instituciones.
El 88% de cultivos ilícitos han persistido en los territorios afectados por más de 10 años, dando lugar a enclaves productivos que abarcan todas las etapas de la producción.
El 49% de los cultivos se ubica en zonas de manejo especial: 19% en tierras de comunidades negras, 15% en Reservas Forestales (según la Ley 2 de 1959), 10% en resguardos indígenas y 5% en Parques Nacionales Naturales (UNODC-SIMCI, 2023).
El 57% de su población vive en condición de pobreza monetaria, mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas del resto del país, esta cifra es del 36% (UNODC y FIP, 2018).
La falta de educación es prominente, con un promedio del 36% de analfabetismo, el 68% de los jóvenes no asiste a la escuela y el 35,5% sufre rezago educativo.
La mayoría carece de servicios esenciales como salud (97% sin acceso real debido a la distancia), electricidad (37% sin servicio) y vivienda adecuada (25% vive en hacinamiento).
El 92% de los niños entre 6 y 9 años trabaja en el campo (UNODC & FIP, 2018).
Los municipios con alta producción de cannabis ilegal también enfrentan pobreza multidimensional, instituciones frágiles, escasa cobertura de servicios y altos índices de violencia (Rodríguez, Cruz & Pereira, 2022).
Adicionalmente, la economía ilícita y el conflicto han erosionado el tejido y el capital social, dificultando la creación de proyectos asociativos.
En estas zonas predominan la inseguridad en los derechos sobre la tierra debido al bajo acceso, la alta informalidad en la tenencia y la alta concentración en pocos propietarios.
Solo el 13% acredita ser dueño de su predio por medio de escritura pública o sentencia judicial (FIP & UNODC, 2018).
